Podemos... hacerlo mejor (II)
PODEMOS... hacerlo mejor (I)
No encontraba el modo de iniciar esta segunda parte sobre el documento económico de Podemos, la dedicada a los ingresos y a las conclusiones finales. Me lo regaló una de esas amistades para quien la distancia parece convertirse en aliado: “la medicina es el arte de entretener al paciente mientras la naturaleza hace su trabajo”. Frente a la cirugía tan inútil como cruel de la derecha, frente a los remedios homeopáticos de puño y rosa, el partido de Iglesias opta por recetar prednisona. Un corticoide capaz de reducir los efectos de cualquier inflamación, a costa de dejarnos sin defensas; de convertir en enfermedad terminal, el primer resfriado del siguiente invierno. Si algo tengo claro tras la lectura del texto de Torres y Navarro, es que como los níscalos a las lluvias de otoño, Podemos necesita un experto tributario de peso. Alguien, o mejor “alguienes”, que no se alimenten en exclusiva del pan de las aulas y que completen su dieta con el zumo de la realidad.
Encuentro la causa en un fatal latinajo usado en las facultades de ciencias para facilitar el aprendizaje: ceteris paribus. Con semejante palabro, designamos la técnica pedagógica consistente en estudiar los efectos de modificar una variable, suponiendo constantes todas las demás. Muy útil a la hora de comprender realidades complejas, pero de fatales consecuencias cuando se fuga de las probetas, cuando trasciende del estricto ámbito del laboratorio para el que fue diseñado. Sospecho que a los admirados profesores, se les escapó el latín de las manos.
Si cabe destacar un rasgo del documento analizado es la inconsistencia. Presenta unos objetivos certeros, nobles y compartibles por todo ser de naturaleza decente: reducir el paro, redistribuir la renta, asignar en mayor medida el peso del desaguisado sobre los culpables, controlar el déficit, recuperar hasta lo posible las prestaciones perdidas, eliminar el fraude fiscal y acabar con la corrupción. Mucho que aplaudir y nada que objetar. Pero al descender a lo concreto, formula unas propuestas que provocarían, en mi opinión de modo inequívoco, los efectos contrarios. Intentaré explicarme en los párrafos siguientes, mediante el análisis de las medidas “estrella”.
1.- Subida de las cotizaciones sociales.
Para facilitar la comprensión, tomemos como ejemplo una nómina de mil euros líquidos con las extras prorrateadas. Quien la pillara en estos tiempos, advertirán por desgracia una mayoría de españoles. Si sumamos unos cien euros de retención por IRPF y unos quinientos de seguridad social, obtenemos un coste empresarial de mil seiscientos. Por unos u otros conceptos, ese socio con el que por imperativo legal todos partimos las ganancias, se queda por el camino con seiscientos euros de nuestro trabajo. No nos engañemos, las empresas, salvo que estén dirigidas por enfermos mentales en grado severo, no miran lo que cobra el currito, sino su coste. Están obligados a ello por la misma teoría económica que aconseja a los ilustres profes las medidas propuestas. Si aumentamos, aunque sea con carácter extraordinario, cien euros las cotizaciones sociales, obtendríamos un sueldo neto para el trabajador de mil, lo mismo que antes, y un coste patronal de mil setecientos. Ceteris paribus todo perfecto. Sube la recaudación pública por la simple operación aritmética de multiplicar el número de trabajadores activos por los cien euros en que se incrementan las cargas laborales. Veamos que sucede si contemplamos una realidad dinámica.
La renta disponible nominal por trabajador ocupado permanece inalterable. Mil euros.
El coste para las empresas se aumenta en las cien unidades monetarias que nos sirven de ejemplo. Las consecuencias de ello son distintas en función del tamaño de la unidad económica. No supone un inconveniente para las grandes compañías. Casi todas operan en mercados de carácter oligopolista con la capacidad de trasladar al precio del producto el aumento de sus costes. Pensemos en lo que tardaría el Banco de Santander en subir las comisiones o las teleco en encarecer las tarifas. Tampoco para Mercadona constituirá obstáculo. No va a aumentar el PVP, pero estrechará los exiguos márgenes de sus proveedores o reducirá sin más el tamaño de los envases. Lo tomas o lo dejas, es su lema. Al final se traduce en inflación y en una disminución proporcional de la renta real disponible. Lo contrario a uno de los objetivos explícitos del plan. Aquellos mil euros de nuestro currito, dan para menos si todo está más caro. Lo entiende cualquiera.
En una pequeña empresa, la situación se muestra diferente. Para evitar los prejuicios de muchos compañeros de la izquierda, pensemos en una cooperativa de trabajo asociado o en una sociedad laboral, poco sospechosas de promover la explotación capitalista. Los precios los define el mercado y, el sobrecoste, se traduce directamente en un empeoramiento de sus resultados. Tendrá más dificultades para mantener los niveles de empleo y pagará menos impuestos al disminuir los beneficios. Menos tasa de ocupación, menos ingresos para el Tesoro. Ya de paso, penalizamos el trabajo de calidad al añadir cargas al aumento de los salarios. Un negocio redondo … para las multinacionales que son las únicas “competitivas” bajo esas condiciones.
En el fondo subyace la idea de sustituir lo privado por lo estatal (no confundir con lo público), bajo la discutible hipótesis de que todo funcionará mejor en manos de la “empresa” más ineficiente que se conoce: el Estado. No se trata de una afirmación gratuita. Se deduce de las normas que él mismo dicta. Según las estadísticas oficiales, el déficit público alcanzó durante el tercer trimestre del año en curso un valor muy próximo al 100% del PIB y … creciendo. Cualquier otra entidad, lucrativa o no, con datos parecidos, estaría obligada a presentar concurso de acreedores, con bastantes probabilidades que sus directivos mudasen el domicilio personal hasta Ocaña o Alcalá-Meco, por una buena temporada.
Tampoco solucionaremos la ruinosa situación de la seguridad social. Por más que Navarro se empeñe en afirmar lo contrario, sin argumentos que lo justifiquen, la situación actual es consecuencia del retraso en la edad de incorporación al trabajo, del envejecimiento de la población (por fortuna se vive más aunque el gobierno de la derecha parezca dispuesto a solucionarlo por la tremenda) y por la equivocada elección de la fórmula de reparto intergeneracional como base del sistema, frente a la lógica de la pura capitalización. Para evitar suspicacias, nadie afirma que esta deba desarrollarse al margen del modelo público de pensiones. No se trata de una opinión, sino de un simple ejercicio de matemática financiera, con cuya enseñanza me gané la vida durante algunos años. El aumento de la tasa de ocupación laboral, la propuesta del catalán, resuelve el problema a corto plazo, pero a costa de hipotecar el futuro con las nuevas prestaciones que se devengan … salvo que resolvamos los desequilibrios anteriores. Bajo esas premisas no extraña la idea de crecimiento perpetuo que domina el documento analizado. Resulta imprescindible para la supervivencia. Crecer, crecer, crecer, hasta que alcancemos el límite y todo estalle sin remisión. La célebre frase de Keynes, “a largo plazo todos muertos”, deja de ser la expresión justificativa de las políticas de demanda agregada, para transformarse en profecía.
2.- Cotización de los autónomos en función del beneficio real.
Casi me permito calificarlo de ocurrencia. Aunque se quiera vender como medida progresista (viste bien), basta con mencionar que es una de las que baraja el gobierno actual como respuesta a una vieja reivindicación... de las asociaciones empresariales. A falta de que se publique el dictamen del equipo de expertos al que Rajoy encargó un informe sobre la materia, los pocos estudios serios que se conocen, hablan de que al final cuesta casi lo mismo el palo que la fregona. Que los gastos necesarios para evitar el fraude (se lo ponen fácil a los sinvergüenzas) mitigan en demasía el efecto recaudatorio, al precio de penalizar al profesional decente con nuevas cargas administrativas, con un aumento de la incertidumbre y con una mayor tasa de presión fiscal no monetaria, el aliado predilecto de la trampa.
Me detengo en este concepto. Por esa manía personal de gestionar los tiempos a los que dedico mi actividad, descubrí que uso el 17,5% de la jornada, en cumplir obligaciones tributarias o cuasitributarias absolutamente improductivas: llevanza de contabilidad, registros obligatorios, declaraciones de impuestos, cotizaciones sociales, atención de requerimientos expedidos por la administración sin otra finalidad que demorar devoluciones, comprobaciones rutinarias, labores de planificación fiscal, etc. Esto no aparece en las estadísticas oficiales, pero supone un gravamen adicional del, repito, 17,5%, a sumar a cotizaciones, IVA, IRPF y demás medios de obtención de ingresos públicos. Un gravamen, por cierto, del que la Administración no percibe un duro. Ineficiencia absoluta.
¿A donde quiero ir? Pues a que cuanto más complejas sean las fórmulas recaudatorias y las normas tributarias o de cotización, mayor coste de este “impuesto” no visible y mayor facilidad para que los defraudadores disimulen sus fechorías y hasta encuentren huecos legislativos por los que dejar de pagar sin riesgo. La cifra del 17,5 comprenderán que es personal y sin valor estadístico. Seguro que se debe a mi natural torpeza en la materia, pero es el reflejo de una realidad que suele ignorar el legislador y por desgracia, parece que también los opositores al puesto. No olvidemos una última consecuencia. Cuanto más complicadas resulten esas labores, mayor coste para el estado en su función inspectora. Por terminar con un ejemplo que ilustre esta tesis, la mejor forma de agilizar la Justicia, no es contratar doscientos mil funcionarios, con sus doscientas mil mesas y todos los medios necesarios para que desarrollen su tarea, sino elaborar unas normas claras y tan correctas desde el punto de vista técnico que reduzcan al mínimo los conflictos que se resuelven en los tribunales. En ningún sitio está escrito que las confeccionadas de ese modo deban ser antisociales. Lo mismo sucede con los ingresos públicos. El impuesto o la cotización ideal, recauda mucho, jode poco (perdón por la expresión), es sencillo de aplicar y fácil de verificar en su cumplimiento. No encuentro otras razones que la simple lógica electoral para que mis admirados colegas caminen en la dirección opuesta.
3.- Subida del impuesto de sociedades.
En cuanto supone un obvio aumento del coste empresarial y a fin de no alargar en exceso este análisis, vale lo indicado para las cotizaciones sociales, incluida la discriminación de efectos según la dimensión empresarial. Añado otro argumento. Descartemos la idea de que elevando los tipos a las multinacionales vamos a recaudar más. Eso solo sucede en el mundo ceteris paribus. Otra vez la dichosa cláusula. La reciente fuga de Google News como respuesta a una desagradable ley de propiedad intelectual , nos demuestra con hechos y no con letras escritas en los libros de texto, cuales serían las consecuencias. Por mucho que subamos el impuesto, recaudaremos menos si nos quedamos sin gente que lo pague.
4.- Restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio.
Otra ocurrencia. Los tributos de esta naturaleza, se han mostrado en el derecho histórico y en el comparado como ineficaces. Son caros de recaudar, poseen escasa incidencia sobre los ingresos totales, presentan irresolubles problemas técnicos en cuanto a la definición del hecho imponible y, además, se muestran tremendamente injustos. Eso sí, se venden bien en el mercado electoral.
Justifiquemos estas afirmaciones y alguna otra todavía no expuesta, con un ejemplo.
Fijémonos en un ciudadano corriente. Afortunado, pero corriente. Posee su casa, su coche, sus bienes personales y un par de inmuebles más. El primero lo adquirió con su trabajo. La vida lo trató bien y en lugar de emplear los ahorros en otras inversiones o simplemente gastárselos, adquirió una segunda residencia en, pongamos, Guardamar del Segura. Nada de lujos, lo justo para disfrutar allí de sus ratos de ocio. Hace años heredó de sus padres otra vivienda. Vieja, pero bien situada en zona céntrica de la ciudad y en consecuencia, con un alto valor catastral. Por cuestiones sentimentales le da pena venderla y decide ponerla en alquiler. Saca para pagar los gastos y obtener algún beneficio que de modo exacto consigna en su declaración de la renta.
Supongamos un segundo individuo. En este caso se trata de un hábil promotor inmobiliario, un especulador que obtuvo su riqueza como fuera, pero la obtuvo. Por consejo de sus asesores, constituyó una sociedad limitada a la que aportó más de doscientas propiedades inmobiliarias, un barco, dos turismos de lujo, varios cuadros de alto valor y un buen paquete de acciones de varias empresas del Ibex. Además adquirió bienes en Malta y disfruta de algunas cuentas en territorios tan extraños como Bielorusia o Chipre. Como persona física es pobre de pedir. Solo se registran a su nombre las acciones de la compañía. Analicemos como trataría el sistema fiscal propuesto en el documento económico de Podemos, a cada uno de estos ciudadanos.
Al primero, lo cruje. De entrada le coloca un tipo impositivo del IRPF que puede llegar a más del cincuenta por ciento a poco que los rendimientos del trabajo o de su actividad profesional resulten benévolos. Después tributará por el Impuesto sobre el Patrimonio por los bienes que posee.
Al segundo, lo mima. Como apenas obtiene rentas personales su IRPF será muy bajo, mientras su empresa pagará el Impuesto de Sociedades que en el peor de los casos alcanza el 35%. Además podrá deducir del mismo buena parte de sus gastos (al otro le está vedado) y estará exento del tributo patrimonial. ¿Por qué? Porque los doscientos inmuebles en alquiler se encuentran adscritos a una actividad empresarial y este tipo de bienes no pagan. También se hallan libres de cargas fiscales por este concepto las acciones que posee de su compañía, mientras que perciba de ella la mayor parte de sus ingresos como persona física. Las razones de esa “disculpa tributaria” parecen obvias. Los activos empresariales son imprescindibles para el funcionamiento de la economía y para la generación de empleo y a nadie en su sano juicio se le ocurre gravarlos con un impuesto por simple tenencia. Sería como cobrar a un dentista por el sillón en el que saca las muelas. No son bienes “ociosos”. Los del primer ciudadano, desde el punto de vista legal, sí.
Aun obviando este inconveniente, pensemos en la dificultad de verificar el estricto cumplimiento de las normas. Se hace necesario inventariar y valorar un gran número de propiedades, en la mayoría de los casos con precio de mercado de complicada definición. Tampoco resulta fácil detectar los que se hallan en el extranjero, opacos a la Hacienda española. Por eso decíamos que es un impuesto caro de recaudar. También afirmábamos que posee poca incidencia recaudatoria, lo cual se aprecia sin más que verificar los resúmenes anuales elaborados por la Agencia Tributaria. En los momentos de máximo esplendor (2006 y 2007) se situaba en torno al 1% de la recaudación total por impuestos. Tantas dificultades no merecen la pena por tan poco. Se puede obtener mucho más por mucho menos y con mayores dosis de justicia redistributiva.
Termino aquí que bastante ha sido. Pido disculpas a quienes esperaban un lenguaje más elevado. El objetivo de estas líneas no es mostrar mis conocimientos de teoría económica, muy limitados por cierto, sino hacerme entender. Aunque no me gusten, yo también sé dibujar gráficas y emitir palabras ininteligibles para una mayoría, pero... no es mi estilo.
Antes de que mi correo se vuelva a inundar con la pregunta de por qué me muestro tan crítico con el partido de Iglesias, la contesto en público: porque aprecio de veras el esfuerzo de muchos compañeros a quienes intuyo equivocados por una estética innovadora. Recuerden que solo se cuestiona a quien se quiere.
Para el capítulo de las conclusiones recurro a una frase de Pessoa, para mí gusto, el mejor poeta del siglo XX: “la literatura, como toda forma de arte, es una confesión de que la realidad no basta”. Al modelo económico Podemos, le sobra realidad y le falta literatura; se excede en el conservadurismo, en la misma proporción en que carece de atrevimiento. Pensar que un Estado en ruinas nos sacará de la miseria, es como avisar al Conde Drácula para que nos libere de los vampiros. En mi tierra lo expresan de una forma muy simple: “para tan poco viaje, no hacía falta tanta alforja”. ¡A quién se le ocurre dejar la economía en manos de economistas!
Si sobrevivo a las fiestas que se aproximan, en una próxima entrega, hablaremos de alternativas.
PODEMOS... hacerlo mejor (I)
No encontraba el modo de iniciar esta segunda parte sobre el documento económico de Podemos, la dedicada a los ingresos y a las conclusiones finales. Me lo regaló una de esas amistades para quien la distancia parece convertirse en aliado: “la medicina es el arte de entretener al paciente mientras la naturaleza hace su trabajo”. Frente a la cirugía tan inútil como cruel de la derecha, frente a los remedios homeopáticos de puño y rosa, el partido de Iglesias opta por recetar prednisona. Un corticoide capaz de reducir los efectos de cualquier inflamación, a costa de dejarnos sin defensas; de convertir en enfermedad terminal, el primer resfriado del siguiente invierno. Si algo tengo claro tras la lectura del texto de Torres y Navarro, es que como los níscalos a las lluvias de otoño, Podemos necesita un experto tributario de peso. Alguien, o mejor “alguienes”, que no se alimenten en exclusiva del pan de las aulas y que completen su dieta con el zumo de la realidad.
Encuentro la causa en un fatal latinajo usado en las facultades de ciencias para facilitar el aprendizaje: ceteris paribus. Con semejante palabro, designamos la técnica pedagógica consistente en estudiar los efectos de modificar una variable, suponiendo constantes todas las demás. Muy útil a la hora de comprender realidades complejas, pero de fatales consecuencias cuando se fuga de las probetas, cuando trasciende del estricto ámbito del laboratorio para el que fue diseñado. Sospecho que a los admirados profesores, se les escapó el latín de las manos.
Si cabe destacar un rasgo del documento analizado es la inconsistencia. Presenta unos objetivos certeros, nobles y compartibles por todo ser de naturaleza decente: reducir el paro, redistribuir la renta, asignar en mayor medida el peso del desaguisado sobre los culpables, controlar el déficit, recuperar hasta lo posible las prestaciones perdidas, eliminar el fraude fiscal y acabar con la corrupción. Mucho que aplaudir y nada que objetar. Pero al descender a lo concreto, formula unas propuestas que provocarían, en mi opinión de modo inequívoco, los efectos contrarios. Intentaré explicarme en los párrafos siguientes, mediante el análisis de las medidas “estrella”.
1.- Subida de las cotizaciones sociales.
Para facilitar la comprensión, tomemos como ejemplo una nómina de mil euros líquidos con las extras prorrateadas. Quien la pillara en estos tiempos, advertirán por desgracia una mayoría de españoles. Si sumamos unos cien euros de retención por IRPF y unos quinientos de seguridad social, obtenemos un coste empresarial de mil seiscientos. Por unos u otros conceptos, ese socio con el que por imperativo legal todos partimos las ganancias, se queda por el camino con seiscientos euros de nuestro trabajo. No nos engañemos, las empresas, salvo que estén dirigidas por enfermos mentales en grado severo, no miran lo que cobra el currito, sino su coste. Están obligados a ello por la misma teoría económica que aconseja a los ilustres profes las medidas propuestas. Si aumentamos, aunque sea con carácter extraordinario, cien euros las cotizaciones sociales, obtendríamos un sueldo neto para el trabajador de mil, lo mismo que antes, y un coste patronal de mil setecientos. Ceteris paribus todo perfecto. Sube la recaudación pública por la simple operación aritmética de multiplicar el número de trabajadores activos por los cien euros en que se incrementan las cargas laborales. Veamos que sucede si contemplamos una realidad dinámica.
La renta disponible nominal por trabajador ocupado permanece inalterable. Mil euros.
El coste para las empresas se aumenta en las cien unidades monetarias que nos sirven de ejemplo. Las consecuencias de ello son distintas en función del tamaño de la unidad económica. No supone un inconveniente para las grandes compañías. Casi todas operan en mercados de carácter oligopolista con la capacidad de trasladar al precio del producto el aumento de sus costes. Pensemos en lo que tardaría el Banco de Santander en subir las comisiones o las teleco en encarecer las tarifas. Tampoco para Mercadona constituirá obstáculo. No va a aumentar el PVP, pero estrechará los exiguos márgenes de sus proveedores o reducirá sin más el tamaño de los envases. Lo tomas o lo dejas, es su lema. Al final se traduce en inflación y en una disminución proporcional de la renta real disponible. Lo contrario a uno de los objetivos explícitos del plan. Aquellos mil euros de nuestro currito, dan para menos si todo está más caro. Lo entiende cualquiera.
En una pequeña empresa, la situación se muestra diferente. Para evitar los prejuicios de muchos compañeros de la izquierda, pensemos en una cooperativa de trabajo asociado o en una sociedad laboral, poco sospechosas de promover la explotación capitalista. Los precios los define el mercado y, el sobrecoste, se traduce directamente en un empeoramiento de sus resultados. Tendrá más dificultades para mantener los niveles de empleo y pagará menos impuestos al disminuir los beneficios. Menos tasa de ocupación, menos ingresos para el Tesoro. Ya de paso, penalizamos el trabajo de calidad al añadir cargas al aumento de los salarios. Un negocio redondo … para las multinacionales que son las únicas “competitivas” bajo esas condiciones.
En el fondo subyace la idea de sustituir lo privado por lo estatal (no confundir con lo público), bajo la discutible hipótesis de que todo funcionará mejor en manos de la “empresa” más ineficiente que se conoce: el Estado. No se trata de una afirmación gratuita. Se deduce de las normas que él mismo dicta. Según las estadísticas oficiales, el déficit público alcanzó durante el tercer trimestre del año en curso un valor muy próximo al 100% del PIB y … creciendo. Cualquier otra entidad, lucrativa o no, con datos parecidos, estaría obligada a presentar concurso de acreedores, con bastantes probabilidades que sus directivos mudasen el domicilio personal hasta Ocaña o Alcalá-Meco, por una buena temporada.
Tampoco solucionaremos la ruinosa situación de la seguridad social. Por más que Navarro se empeñe en afirmar lo contrario, sin argumentos que lo justifiquen, la situación actual es consecuencia del retraso en la edad de incorporación al trabajo, del envejecimiento de la población (por fortuna se vive más aunque el gobierno de la derecha parezca dispuesto a solucionarlo por la tremenda) y por la equivocada elección de la fórmula de reparto intergeneracional como base del sistema, frente a la lógica de la pura capitalización. Para evitar suspicacias, nadie afirma que esta deba desarrollarse al margen del modelo público de pensiones. No se trata de una opinión, sino de un simple ejercicio de matemática financiera, con cuya enseñanza me gané la vida durante algunos años. El aumento de la tasa de ocupación laboral, la propuesta del catalán, resuelve el problema a corto plazo, pero a costa de hipotecar el futuro con las nuevas prestaciones que se devengan … salvo que resolvamos los desequilibrios anteriores. Bajo esas premisas no extraña la idea de crecimiento perpetuo que domina el documento analizado. Resulta imprescindible para la supervivencia. Crecer, crecer, crecer, hasta que alcancemos el límite y todo estalle sin remisión. La célebre frase de Keynes, “a largo plazo todos muertos”, deja de ser la expresión justificativa de las políticas de demanda agregada, para transformarse en profecía.
2.- Cotización de los autónomos en función del beneficio real.
Casi me permito calificarlo de ocurrencia. Aunque se quiera vender como medida progresista (viste bien), basta con mencionar que es una de las que baraja el gobierno actual como respuesta a una vieja reivindicación... de las asociaciones empresariales. A falta de que se publique el dictamen del equipo de expertos al que Rajoy encargó un informe sobre la materia, los pocos estudios serios que se conocen, hablan de que al final cuesta casi lo mismo el palo que la fregona. Que los gastos necesarios para evitar el fraude (se lo ponen fácil a los sinvergüenzas) mitigan en demasía el efecto recaudatorio, al precio de penalizar al profesional decente con nuevas cargas administrativas, con un aumento de la incertidumbre y con una mayor tasa de presión fiscal no monetaria, el aliado predilecto de la trampa.
Me detengo en este concepto. Por esa manía personal de gestionar los tiempos a los que dedico mi actividad, descubrí que uso el 17,5% de la jornada, en cumplir obligaciones tributarias o cuasitributarias absolutamente improductivas: llevanza de contabilidad, registros obligatorios, declaraciones de impuestos, cotizaciones sociales, atención de requerimientos expedidos por la administración sin otra finalidad que demorar devoluciones, comprobaciones rutinarias, labores de planificación fiscal, etc. Esto no aparece en las estadísticas oficiales, pero supone un gravamen adicional del, repito, 17,5%, a sumar a cotizaciones, IVA, IRPF y demás medios de obtención de ingresos públicos. Un gravamen, por cierto, del que la Administración no percibe un duro. Ineficiencia absoluta.
¿A donde quiero ir? Pues a que cuanto más complejas sean las fórmulas recaudatorias y las normas tributarias o de cotización, mayor coste de este “impuesto” no visible y mayor facilidad para que los defraudadores disimulen sus fechorías y hasta encuentren huecos legislativos por los que dejar de pagar sin riesgo. La cifra del 17,5 comprenderán que es personal y sin valor estadístico. Seguro que se debe a mi natural torpeza en la materia, pero es el reflejo de una realidad que suele ignorar el legislador y por desgracia, parece que también los opositores al puesto. No olvidemos una última consecuencia. Cuanto más complicadas resulten esas labores, mayor coste para el estado en su función inspectora. Por terminar con un ejemplo que ilustre esta tesis, la mejor forma de agilizar la Justicia, no es contratar doscientos mil funcionarios, con sus doscientas mil mesas y todos los medios necesarios para que desarrollen su tarea, sino elaborar unas normas claras y tan correctas desde el punto de vista técnico que reduzcan al mínimo los conflictos que se resuelven en los tribunales. En ningún sitio está escrito que las confeccionadas de ese modo deban ser antisociales. Lo mismo sucede con los ingresos públicos. El impuesto o la cotización ideal, recauda mucho, jode poco (perdón por la expresión), es sencillo de aplicar y fácil de verificar en su cumplimiento. No encuentro otras razones que la simple lógica electoral para que mis admirados colegas caminen en la dirección opuesta.
3.- Subida del impuesto de sociedades.
En cuanto supone un obvio aumento del coste empresarial y a fin de no alargar en exceso este análisis, vale lo indicado para las cotizaciones sociales, incluida la discriminación de efectos según la dimensión empresarial. Añado otro argumento. Descartemos la idea de que elevando los tipos a las multinacionales vamos a recaudar más. Eso solo sucede en el mundo ceteris paribus. Otra vez la dichosa cláusula. La reciente fuga de Google News como respuesta a una desagradable ley de propiedad intelectual , nos demuestra con hechos y no con letras escritas en los libros de texto, cuales serían las consecuencias. Por mucho que subamos el impuesto, recaudaremos menos si nos quedamos sin gente que lo pague.
4.- Restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio.
Otra ocurrencia. Los tributos de esta naturaleza, se han mostrado en el derecho histórico y en el comparado como ineficaces. Son caros de recaudar, poseen escasa incidencia sobre los ingresos totales, presentan irresolubles problemas técnicos en cuanto a la definición del hecho imponible y, además, se muestran tremendamente injustos. Eso sí, se venden bien en el mercado electoral.
Justifiquemos estas afirmaciones y alguna otra todavía no expuesta, con un ejemplo.
Fijémonos en un ciudadano corriente. Afortunado, pero corriente. Posee su casa, su coche, sus bienes personales y un par de inmuebles más. El primero lo adquirió con su trabajo. La vida lo trató bien y en lugar de emplear los ahorros en otras inversiones o simplemente gastárselos, adquirió una segunda residencia en, pongamos, Guardamar del Segura. Nada de lujos, lo justo para disfrutar allí de sus ratos de ocio. Hace años heredó de sus padres otra vivienda. Vieja, pero bien situada en zona céntrica de la ciudad y en consecuencia, con un alto valor catastral. Por cuestiones sentimentales le da pena venderla y decide ponerla en alquiler. Saca para pagar los gastos y obtener algún beneficio que de modo exacto consigna en su declaración de la renta.
Supongamos un segundo individuo. En este caso se trata de un hábil promotor inmobiliario, un especulador que obtuvo su riqueza como fuera, pero la obtuvo. Por consejo de sus asesores, constituyó una sociedad limitada a la que aportó más de doscientas propiedades inmobiliarias, un barco, dos turismos de lujo, varios cuadros de alto valor y un buen paquete de acciones de varias empresas del Ibex. Además adquirió bienes en Malta y disfruta de algunas cuentas en territorios tan extraños como Bielorusia o Chipre. Como persona física es pobre de pedir. Solo se registran a su nombre las acciones de la compañía. Analicemos como trataría el sistema fiscal propuesto en el documento económico de Podemos, a cada uno de estos ciudadanos.
Al primero, lo cruje. De entrada le coloca un tipo impositivo del IRPF que puede llegar a más del cincuenta por ciento a poco que los rendimientos del trabajo o de su actividad profesional resulten benévolos. Después tributará por el Impuesto sobre el Patrimonio por los bienes que posee.
Al segundo, lo mima. Como apenas obtiene rentas personales su IRPF será muy bajo, mientras su empresa pagará el Impuesto de Sociedades que en el peor de los casos alcanza el 35%. Además podrá deducir del mismo buena parte de sus gastos (al otro le está vedado) y estará exento del tributo patrimonial. ¿Por qué? Porque los doscientos inmuebles en alquiler se encuentran adscritos a una actividad empresarial y este tipo de bienes no pagan. También se hallan libres de cargas fiscales por este concepto las acciones que posee de su compañía, mientras que perciba de ella la mayor parte de sus ingresos como persona física. Las razones de esa “disculpa tributaria” parecen obvias. Los activos empresariales son imprescindibles para el funcionamiento de la economía y para la generación de empleo y a nadie en su sano juicio se le ocurre gravarlos con un impuesto por simple tenencia. Sería como cobrar a un dentista por el sillón en el que saca las muelas. No son bienes “ociosos”. Los del primer ciudadano, desde el punto de vista legal, sí.
Aun obviando este inconveniente, pensemos en la dificultad de verificar el estricto cumplimiento de las normas. Se hace necesario inventariar y valorar un gran número de propiedades, en la mayoría de los casos con precio de mercado de complicada definición. Tampoco resulta fácil detectar los que se hallan en el extranjero, opacos a la Hacienda española. Por eso decíamos que es un impuesto caro de recaudar. También afirmábamos que posee poca incidencia recaudatoria, lo cual se aprecia sin más que verificar los resúmenes anuales elaborados por la Agencia Tributaria. En los momentos de máximo esplendor (2006 y 2007) se situaba en torno al 1% de la recaudación total por impuestos. Tantas dificultades no merecen la pena por tan poco. Se puede obtener mucho más por mucho menos y con mayores dosis de justicia redistributiva.
Termino aquí que bastante ha sido. Pido disculpas a quienes esperaban un lenguaje más elevado. El objetivo de estas líneas no es mostrar mis conocimientos de teoría económica, muy limitados por cierto, sino hacerme entender. Aunque no me gusten, yo también sé dibujar gráficas y emitir palabras ininteligibles para una mayoría, pero... no es mi estilo.
Antes de que mi correo se vuelva a inundar con la pregunta de por qué me muestro tan crítico con el partido de Iglesias, la contesto en público: porque aprecio de veras el esfuerzo de muchos compañeros a quienes intuyo equivocados por una estética innovadora. Recuerden que solo se cuestiona a quien se quiere.
Para el capítulo de las conclusiones recurro a una frase de Pessoa, para mí gusto, el mejor poeta del siglo XX: “la literatura, como toda forma de arte, es una confesión de que la realidad no basta”. Al modelo económico Podemos, le sobra realidad y le falta literatura; se excede en el conservadurismo, en la misma proporción en que carece de atrevimiento. Pensar que un Estado en ruinas nos sacará de la miseria, es como avisar al Conde Drácula para que nos libere de los vampiros. En mi tierra lo expresan de una forma muy simple: “para tan poco viaje, no hacía falta tanta alforja”. ¡A quién se le ocurre dejar la economía en manos de economistas!
Si sobrevivo a las fiestas que se aproximan, en una próxima entrega, hablaremos de alternativas.
PODEMOS... hacerlo mejor (I)
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